Gonzalo Rojas y lo público

por: hernán guerrero troncoso

Algo que llenó de asombro a los griegos, en los albores de la filosofía, fue el hecho de que el pensamiento es discursivo, es decir, que pasa de los elementos más simples (nombres y verbos) a proposiciones capaces de ser verdaderas o falsas (enunciados que afirman o niegan que algo es algo), y que finalmente liga diversas proposiciones para demostrar su verdad o falsedad. Con el descubrimiento del silogismo, que es en último término la exposición de los distintos modos en que pueden ligarse las proposiciones a fin de demostrar su verdad o falsedad, vino también el examen de las argumentaciones viciadas, esto es, de aquellas argumentaciones que pretenden demostrar algo que no está contenido en sus premisas, o que, por un problema en la forma de la argumentación, no pueden dar una conclusión válida. Un buen ejemplo nos lo da Woody Allen, cuando dice que A: Todos los hombres son mortales. B: Sócrates es mortal. Por lo tanto: Todos los hombres son Sócrates. De dos premisas verdaderas, por un error en la forma, llegamos a una conclusión falsa.

Este tipo de argumentaciones viciadas abundan desde tiempos inmemoriales, y las encontramos diariamente en todo orden de cosas. Así tenemos ataques personales para poner en duda los argumentos del adversario, efectos contingentes que provienen de causas específicas que son tomados como resultados necesarios en todo orden de cosas, confusión entre la parte y el todo, etc. Pero últimamente ha llamado la atención el razonamiento del profesor Gonzalo Rojas en su columna de El Mercurio sobre el carácter público o privado de las universidades, por el uso que le da a la palabra ‘público’, desatando más de una respuesta, lo que al final llevó incluso al autor a responder a una de ellas. En lo sucesivo me limitaré a examinar la columna en cuestión, y no la polémica posterior, tratando de seguir el hilo de la argumentación, la forma del discurso, e intentando no formular una opinión personal sobre el fondo del asunto.

El profesor Rojas comienza su artículo afirmando la falsedad de una premisa que le parece ver en el discurso del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, a saber, «que las universidades estatales merecen más aportes de los chilenos que las que no lo son». En esa proposición, afirma, tenemos dos supuestos falsos.

El primero de ellos es, según sus palabras, que «las únicas universidades públicas son las estatales», lo cual equivaldría a decir que «a ellas, sólo a ellas, les correspondería realizar la función docente “para el público”». Fundamenta luego su posición enumerando nueve requisitos que cumplen las universidades privadas, a las que agrega en el último punto (el más importante) los institutos profesionales y centros de formación técnica.

En esta argumentación tenemos tres elementos. El primero dice relación con el hecho de que no es posible identificar totalmente lo público con lo estatal, y esto, si bien requiere de un examen más profundo, en principio se puede tomar como válido. El segundo elemento plantea, por una parte, una falacia ‘ad hominem’ bajo el aspecto de una reducción al absurdo, haciéndose eco de la polémica que suscitaron los dichos del padre Felipe Berríos sobre las “universidades ‘cota mil’”. De hecho, da a entender que la concepción de quienes hacen una separación tajante entre universidades públicas y privadas se encuentra viciada por el prejuicio de ver a quienes frecuentan estas últimas como pertenecientes a un mundo aparte, distinto de aquél en que vive el resto de los mortales. De este modo, tenemos un intento poco solapado de convertir de antemano en víctimas a las universidades privadas, a sus alumnos, funcionarios y profesores, de una visión que sanciona su carácter privado o su pertenencia socioeconómica.

Al mismo tiempo, el segundo elemento se relaciona con los ejemplos del tercero, en la medida en que define ‘público’ en el sentido de ‘para el público’, o más bien, como se desprende de los ejemplos, en el sentido de ‘ámbito público’. Y aquí su argumentación definitivamente hace agua, ya que no es lo mismo hablar de alguien que está ‘en un puesto medio’ (es decir, que tiene gente a su cargo, y que a su vez debe responder ante un superior), que de alguien que está ‘puesto en medio’ (esto es, que obstaculiza algo o a alguien). Esta es la falacia que se conoce como “figura dictionis”, ya que intenta rebatir un argumento utilizando una misma palabra en un sentido diverso. Así, por mucha razón que tenga el profesor Rojas respecto al carácter público de la admisión a las universidades privadas, a sus mallas, al ingreso a sus dependencias y aulas, y en fin, al desempeño de los profesionales que egresan de ellas (todo lo cual dice relación con el ámbito en el cual las universidades cumplen su rol, el ámbito público), en nada toca el fondo del asunto, que hay universidades que son de propiedad del Estado, y otras de privados. No está en cuestión el hecho de que los profesionales de todas las universidades se mueven en un ámbito público, incluso si trabajan para privados, porque eso es algo relativo al resultado del proceso de formación profesional; más bien se trata de ver lo que ocurre con el funcionamiento de las instituciones encargadas de dicho proceso, entre las cuales se cuentan las que son financiadas principalmente por el Estado y las que son financiadas principalmente por privados.

De este modo, el problema está relacionado estrechamente con el segundo supuesto que el autor ve en las palabras del rector, el del financiamiento de las universidades que pertenecen al Estado, y que por metonimia son llamadas ‘públicas’. Al confundir el sentido de ‘público’ en cuanto ‘de propiedad estatal’ con ‘público’ en cuanto ‘ámbito público’, el profesor Rojas comete una falacia al pretender concluir a partir del primer elemento (que lo público no se identifica con lo estatal) la igualdad entre universidades públicas y privadas, pues con ello podría conducir a una contradicción las palabras del rector Pérez.

Ahora bien, planteado en los términos en que lo hace el autor, que «las universidades estatales merecen más aportes de los chilenos que las que no lo son», este segundo supuesto parece escandaloso, en especial si se toman en consideración los resultados de algunas universidades tradicionales, su desorden burocrático y administrativo y las condiciones en que algunas de ellas sobreviven. Sin ir más lejos, durante años se ha hablado de la crisis económica de la Universidad de Chile. Pero lo que el profesor Rojas intenta soslayar con la primera parte de su argumentación es el hecho de que las universidades que no dependen del Estado cuentan ya con financiamiento de base, sea de la corporación o fundación que las estableció, sea de los aranceles que cobra. Ese financiamiento de base, que puede ser tan grande o tan pequeño como se quiera, es lo que el Estado le está reduciendo cada vez más a las universidades que dependen de él, y si todos los fondos que destina el Estado a la Educación Superior se hicieran concursables, en un concurso en el cual también pudieran participar las universidades que ya cuentan con financiamiento de privados, estaríamos no sólo frente a la legitimación de la reducción del financiamiento estatal a sus propias universidades (y por lo tanto, del fin del sistema público), sino que ante un caso flagrante de competencia desleal. Si el Estado comprometiera un financiamiento base a las universidades de su propiedad, y al mismo tiempo destinara fondos concursables para mejorar la infraestructura la docencia y la investigación de todas las universidades, sería más plausible el argumento de prestar atención principalmente al desempeño de las universidades y de quienes pertenecen a ellas, así como su mérito o la carencia de ello, a la hora de obtener aportes complementarios del Estado.

Por otra parte, efectivamente se trata de plata de todos los chilenos, de los contribuyentes, como dice el autor, la que financia las universidades estatales, a las cuales nadie está obligado a matricularse. Sin embargo, una gran parte de esos chilenos jamás podrá entrar a la universidad, e incluso si lo pueden hacer, no cuentan en principio con una libertad absoluta de elección, no obstante lo cual deben pagar al menos el IVA en cada kilo de pan que compran. En este sentido, las universidades de propiedad del Estado garantizan el derecho a la educación para todos los chilenos, y no sólo para quienes pueden pagar por ella. Esta es una obligación que los privados, al momento de fundar una universidad o un colegio, no están obligados a cumplir. Pero esto el autor no lo dice, más bien recurre nuevamente a una argumentación “ad hominem”, victimizando a quienes sí pueden entrar a la universidad que prefieran (y cuyos impuestos y contribuciones son muchísimo más altos que los de la mayoría de los chilenos), afirmando con sorna que «por igualdad ante la ley, no están facultados para exigir privilegios».

En resumen (salvo la primera afirmación, la cual requiere un análisis de fondo), a partir de los argumentos del profesor Rojas y del modo en que los presenta y los articula no se desprende lo que pretende concluir. Es más, añade más confusión a un tema que de por sí es complejo, por los diversos actores e intereses involucrados. Sin entrar siquiera a hablar de ideologías subyacentes a tal o cual visión, no ayuda en nada intentar hacer valer el propio punto de vista a través de argumentaciones falaces. En este sentido, creo que la columna del señor Rojas ha generado polémica más por lo falaz de su discurso que por el fondo de su propuesta, y lamentablemente discusiones como la que ha suscitado entrampan inútilmente un debate serio sobre el rol de las universidades estatales y privadas, el acceso que ambas puedan tener al financiamiento estatal, y el papel del Estado como garante y como gestor de la educación.

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